Pese a tratarse de un derecho fundamental, tener acceso a una vivienda digna no es una realidad para muchos ciudadanos de la Unión Europea (UE), que se enfrentan a una “crisis de asequibilidad” agravada por el covid-19.
La dificultad de pagar facturas, alquileres o hipotecas no solo “afecta a los niveles de estrés” de las personas, sino que también impide acceder a una vivienda digna, explica la eurodiputada Kim van Sparrentak.
En materia de vivienda se tiende a pensar que los Estados son quienes tienen la competencia única, pero Van Sparrentak aclara que “hay muchas políticas, normas y regulaciones de la UE que afectan a la vivienda (…) y a la crisis de asequibilidad que tenemos en toda Europa”.
“La supervisión bancaria, la política monetaria, los préstamos y el crédito hipotecario o la capacidad de intervención en caso de burbujas financieras” son algunas de las competencias de Bruselas relacionadas con la vivienda que cita la eurodiputada Estrella Durá.
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Sinhogarismo, un caso de pobreza extrema
Uno de los problemas que refleja las condiciones más extremas en materia de vivienda en la UE es el sinhogarismo: en todo el territorio de la Unión hay alrededor de 700 mil personas viviendo en la calle, apunta el informe. La cifra se incrementó un 70% en los últimos 10 años.
Una solución a corto plazo de la UE es el programa “Housing First” -que proporciona vivienda y acompañamiento social-, un caso de éxito en regiones europeas como Asturias, destaca Durá.
Es necesaria, según la ponente, “una meta para acabar con el sinhogarismo en 2030”, un compromiso que ya adquirió la Eurocámara el pasado noviembre a través de una serie de recomendaciones para combatirlo.
Colectivos vulnerables y asentamientos
Garantizar la salubridad en hogares vulnerables es imprescindible para una vivienda digna, y repercute en el desarrollo social: “Un niño de una familia pobre, en una casa superpoblada y que pasa su infancia en malas condiciones necesitará 4,5 generaciones para alcanzar un nivel de ingresos medios de su país”, alerta Durá.
Los asentamientos segregados, donde vive una elevada tasa de población romaní, son un elemento de “profunda preocupación” para la Eurocámara, por las condiciones de precariedad en la que se encuentran, como en la Cañada Real de Madrid, que sufre cortes de luz desde el pasado octubre.
“Creo que es muy importante que la gente esté conectada a las utilidades básicas, como la energía, deberíamos ser más estrictos con esto”, apunta la eurodiputada.
Los jóvenes y el reto de independizarse
Junto a otros factores de índole socioeconómica, la disponibilidad y la asequibilidad de vivienda son factores que influyen en la edad a la que se independizan los jóvenes.
Según Eurostat, casi el 30% de los adultos jovenes vive en el hogar de sus padres en la UE, “una historia que se escucha en España, en Países Bajos y en toda Europa”, apunta Van Sparrentak.
Invertir y reforzar los sistemas de vivienda social es una de las soluciones en las que coinciden ambas diputadas, aunque Durá añade que es necesario garantizar un “mejor acceso a la información”, así como agilizar los procesos burocráticos en la obtención de ayudas.
¿Precios asequibles?
Según Eurostat, en 2018, el 9,6 % de la población de la UE vivía en hogares que destinan a la vivienda el 40% o más de su renta disponible, cifra que registra una proporción más elevada entre los inquilinos con alquileres (25,1%) que entre propietarios con préstamos o hipotecas (el 4%).
El comisario de Empleo y Derechos Sociales, Nicolas Schmit, agregó que esto “constituye una grave presión sobre las clases medias de la UE”, y subrayó que “la vivienda no es solamente un sector económico (…), sino un derecho, y hay que garantizar su aplicación”.
Esta situación se debe, a juicio de la eurodiputada neerlandesa, a las “grandes compañías que compran partes de las ciudades (…) y que solo tienen que rendir cuentas a sus accionistas” y sobre las que hay que actuar, afirma.
Sin embargo, algunos colegas de la Eurocámara, como la liberal Yana Toom, discrepan con esta opinión al considerar que no se debe “intervenir en un mercado libre”.
A la crisis de la vivienda se suman las plataformas de alquiler vacacional como Airbnb, “hoteles ilegales” frente a los que “las ciudades no pueden actuar”, insistió van Sparrentak, que confía en que la Ley de Servicios Digitales (DSA) permita abordar el asunto “y devolver las casas a la gente”.
Fuente: EFE
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