Las circunstancias han cambiado con el brote del Covid-19 y no solo las industrias han tenido que «cambiar de chip» para sobrevivir a la crisis. El sector público también han tenido que dar un giro a sus ideas para canalizar las propuestas que impulsen la anhelada reactivación económica.
La semana pasada el Consejo Nacional de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica (Conadie) finalizó el proceso de análisis a la propuesta de reformas de la Ley Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica.
El Decreto 16-2010, mejor conocido como «Ley de Alianzas Público Privadas», es una normativa con 10 años de vigencia y es el marco legal para aprobar la concesión de megaobras de infraestructura a capital privado.
Desde hace semanas, el gobierno de Alejandro Giammattei ha dado a conocer planes para reactivar la economía, en medio de la crisis por la pandemia global. Los planes tienen algo en común: Los recursos vienen del Presupuesto General de la Nación o se financian con deuda.
Sin embargo, desde el gobierno, específicamente desde el Conadie, se sopesa la posibilidad otro mecanismo que ayudaría a la reactivación económica: Las Alianzas Público Privadas, también llamadas «APP».
Empleo e inversión
Rolando Paiz, coordinador general del comité ejecutivo del Programa Nacional de Competitividad (Pronacom) y miembro del Conadie, señala que las APP se adecuan a las condiciones que el país tiene en la actualidad.
Una de las razones por las que se baraja a las APP como un posible motor que estimularía la economía local es porque es una fuente para generar empleo, atraer inversión, fortalecer clúster productivos e incrementar la competitividad.
«Todo el mundo habla de una reactivación económica después del Covid-19 y las APP son una extraordinaria herramienta para generar empleo y atraer inversión«, indica Paiz.
«Lo que se busca es dinamizar las APP para poder construir infraestructura de primer mundo en Guatemala»: Rolando Paiz, coordinador general del comité ejecutivo del Pronacom.
Erick Uribio, director interino de la Agencia Nacional de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica (Anadie), indica que países como Costa Rica y Panamá tienen paquetes de reactivación económica por el Covid-19 bajo la modalidad de APP.
«En el mediano plazo las APP pueden apoyar en la recuperación post Covid-19. Habrá escasez de empleo, y con la ayuda de las APP y de la inversión extranjera se pueden generar puestos de trabajo», expresa.
Infraestructura necesaria
Guatemala, a su lista de «preocupaciones», que incluyen el Covid-19, debe sumar la llegada de temporada de lluvias y las latentes amenazas que le acompañan, como por ejemplos, daños en la infraestructura vial y drenajes.
«Tenemos que salir con todo lo que se requiera y apuntalar a los recursos limitados que tiene el Estado. Los endeudamientos se siguen dando y las APP son una forma de financiar infraestructura», apunta Uribio.
En opinión de Paiz, se requiere otra fuente de financiamiento que no sea el Presupuesto de la Nación para generar proyectos de infraestructura. «Del presupuesto, lo que se invierte es un porcentaje muy bajo», agrega.
Según el Fondo Monetario Internacional se requiere inversión para infraestructura del 3.2% del PIB, aunque Guatemala está lejos de esos números. Esa falta de inversión ha significado un deterioro perceptible, salvo pocas excepciones, en infraestructura vial, portuaria y aeroportuaria.
«Si no hay una solución real vía presupuesto, las APP nos permiten un plan B para generar desarrollo en nuestro país», comenta Paiz al señalar que se tiene la misma infraestructura desde hace 35 años.
Primera versión de reforma
Desde finales de enero, el presidente Alejandro Giammattei dio la orden que se trabajara en un paquete de propuestas para modificar la «Ley de APP». Cuatro meses después, ya se tiene la primera versión aprobada.
El Conadie ha mantenido reuniones en los últimos meses para afinar el trabajo del equipo técnico y legal de la Anadie. Esta versión de reformas, llegará a manos del mandatario guatemalteco por medio de Álvaro González Ricci, ministro de Finanzas y presidente del Consejo.
«Con las APP, la inversión de privados serviría para atender las necesidades de hoy»: Erick Uribio, director ejecutivo interino de la Anadie.
El principal objetivo de la propuesta de reformas es lograr que los proyectos de Alianzas Público Privadas sean más expeditos y mejorar el detalle de los procesos para estructurar proyectos de esta magnitud.
Si bien los cambios se centran en la aprobación de los proyectos en el Congreso, uno de los principales retos a superar para lograr el visto bueno de un contrato de alianza pública privada, las reformas irían más allá.
Según Uribio, se amplió el ámbito de aplicación y la visión no limitaría a infraestructura vial y de logística. Se busca que por medio de las APP también se pueda desarrollar infraestructura para salud, educación y agua.
«Esa es una expectativa que ha sido una necesidad, más en el contexto del Covid-19. Nos damos cuenta de que la brecha no se limita a infraestructura vial o de puertos», comenta el director interino de la Anadie.
A socializar la propuesta
Lograr una propuesta con el consentimiento total de los miembros y delegados del Conadie, solo es uno de los muchos pasos previos para que la reforma sea recibida en el Legislativo, en donde realmente se sabrá si los cambios a la Ley de APP se concretan.
Antes de que la propuesta de reformas se discuta en el pleno, se tiene que socializar y compartir con los sectores que tienen un interés natural en las APP, como los mismos congresistas, sector privado y tanques de pensamiento.
«Las reformas a la Ley de APP ayudarían a que la Agencia salga con más proyectos en el corto, mediano y largo plazo»: Erick Uribio, director ejecutivo interino de la Anadie.
«Es para conocer sus observaciones sobre la propuesta y si tiene cambios dramáticos se tendrán en cuenta», explica Paiz al señalar que la Ley de APP es una de esas leyes en donde «lo perfecto mata la urgencia del momento».
«Esta Ley si es una muy buena herramienta que tenemos a la mano y a corto plazo para dinamizar fuertemente la economía de Guatemala. Nuestro país clama por eso», asegura.
«Ya se tiene esta versión y el Conadie lo socializará con el presidente (Alejandro Giammattei). Ya con su aprobación, se hace una socialización con el Legislativo, resto del Ejecutivo y desde la Anadie con tanques de pensamiento», comenta Uribio.
Tiempos políticos
Para Paiz, si bien un proceso normal de «socialización» puede llevar meses, dada la coyuntura -desempleo y crisis en sectores como restaurantes y turismo- lo mejor será «dejar de lado intereses políticos y apuntalar un proyecto de nación que traerá réditos para todos«.
Una opinión similar deja ver el director interino de la Anadie, sobre todo cuando se sabe que en el Congreso de la República hay «tiempos políticos», que más de alguna han engavetado leyes y reformas.
«La propuesta es algo que necesita el país. Suma una modalidad más para contratar obras con buenos servicios para el Estado. Vamos atrasados respecto a otros países. Este es el momento de tener una respuesta positiva por parte de los legisladores«, concluye Uribio.
El agridulce antecedente
En Guatemala, lograr que un proyecto de alianzas público privadas se ejecute ha sido un caso fallido. Un antecedente agridulce fue la Autopista Escuintla – Puerto Quetzal, un proyecto que ya había sido adjudicado pero cuyo contrato de APP no recibió los votos necesarios en el Congreso.
El que fue bautizado como «el primer proyecto de APP en el país pasó el 29 de octubre de 2019 a estar en un limbo. Este suceso fue definitivo para replantear el requisito de aprobación del Congreso. Este punto sería unos de los principales a discutir en la propuesta de reformas a la Ley de APP.
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