La calificadora de riesgo Fitch Ratings bajó la calificación de “BB” a “BB-” de Guatemala y cambió la perspectiva de Estable a Negativo, en su evaluación del primer trimestre.
La baja de la calificación significa que se percibe un mayor riesgo. Por lo tanto, al estar un país menos calificado mayor será el costo de un crédito que se solicita en el exterior, tanto para sector público como privado.
¿Qué factores clave consideró Fitch?
La rebaja de Guatemala se dio por una disminución de la flexibilidad fiscal, debido a la baja recaudación de impuestos del Gobierno, en medio de un continuo estancamiento político que «impide medidas fiscales enérgicas».
Fitch estima que el déficit fiscal alcanzará el 3.8% del PIB en 2020, frente al 2.3% en 2019 debido al impacto de COVID-19. Se espera que los ingresos tributarios disminuyan producto de una desaceleración económica.
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La revisión también menciona las perspectivas a la baja de crecimiento relacionadas con la pandemia global. Si bien el Banco de Guatemala, en un inicio de año pronosticó un alentador crecimiento entre 3.1 y 4.1%, ha revisado su estimación. Ahora habla de un rango entre 0.5% a 1.5%.
Fitch proyecta que el PIB real del país no crecerá en 2020 después de una expansión de 3.5% en 2019, debido al impacto global del coronavirus y las medidas del gobierno para contener el brote.
«Nuestras estimaciones incorporan una contracción del consumo privado durante el año impulsada por menores entradas de remesas», indica. Además, menciona los riesgos a la baja, ya que las remesas son muy vulnerables al impacto del coronavirus en la economía de EE. UU.
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Por otro lado, Fitch hace alusión a las elecciones al Congreso en 2019. «Resultaron en un Congreso fracturado, lo que condujo a un continuo estancamiento político y a una disminución de las perspectivas de reforma», menciona.
Y recuerda de los fracasos continuos para promulgar reformas en la administración tributaria. Asimismo, advierte que aprobar nuevas medidas tributarias «conducirá a una mayor erosión de los ingresos».
La baja recaudación de impuestos, junto a una alta rigidez presupuestaria, limitaría la capacidad del gobierno de Alejandro Giammattei para abordar necesidades de infraestructura y sociales.
«Lo que se verá agravado aún más por la crisis de salud pública representada por la COVID-19 y el consiguiente impacto en la economía«, señala la calificadora de riesgo.
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