España: Ley de Vivienda cobra vigencia entre críticas del sector inmobiliario

Los promotores, empresarios, portales inmobiliarios y otras entidades consideran que ley no solucionará problemas de vivienda en el país europeo.
La Ley de Vivienda impone nuevos límites a la subida del precio del alquiler en todo el país. Foto: Inma Santiago/Unsplash

La Ley por el Derecho a la Vivienda cobró vigencia este viernes 26 de mayo en España, excepto lo relativo a los incentivos fiscales aplicables en el impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) a los arrendamientos de inmuebles destinados a vivienda, que iniciarán su vigencia el 1 de enero de 2024.

La norma, publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE), arranca su aplicación luego de más de dos años y entre críticas por promotores, empresarios, portales inmobiliarios y otras entidades, que consideran que esta ley no servirá para solucionar el problema de la vivienda en España.

El primer texto de la Ley de Vivienda, en forma de anteproyecto, se aprobó por el Consejo de Ministros en octubre de 2021, y en febrero de 2022 se aprobó ya como proyecto de ley.

Tras meses de intensas negociaciones dentro del propio Gobierno de coalición y con los grupos parlamentarios, el Congreso dio luz verde a la Ley de Vivienda el pasado 27 de abril, mientras que el Senado hizo lo propio el 17 de mayo. Ocho días después llegó al BOE para su entrada en vigencia este 26 de mayo.

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Es la primera Ley estatal de Vivienda de la democracia y una de las reformas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y uno de los hitos acordados con la Comisión Europea para el desembolso de los fondos ‘Next Generation EU’.

Límites al alquiler

La Ley de Vivienda impone nuevos límites a la subida del precio del alquiler en toda España, permite rebajar la figura de gran tenedor de vivienda de diez a cinco inmuebles en determinados casos e impide a estos propietarios desahuciar a inquilinos vulnerables sin un acto de conciliación o arbitraje previo.

La norma mantiene el límite del 2 % para este año en la subida del alquiler y lo eleva hasta el 3 % en 2024 para, antes del 31 de diciembre del próximo año, crear un nuevo índice de referencia aplicable al territorio al margen del IPC.


Aparte, la ley rebaja de diez a cinco inmuebles el concepto de grandes tenedores y extiende a las personas físicas las restricciones para arrendadores contempladas en zonas tensionadas.

Además, introduce una batería de medidas para dificultar los desahucios de personas en situación de vulnerabilidad económica, especialmente cuando el arrendador sea un gran tenedor de inmuebles.

De este modo, los desahucios no podrán realizarse sin una hora y una fecha predeterminada.

Vivienda asequible incentivada

Se introduce el concepto de vivienda asequible incentivada, como figura necesaria para incrementar la oferta a corto plazo.

Se trata de otorgar beneficios de carácter fiscal o urbanísticos a cambio de que las viviendas de titularidad privada, incluidas las entidades del tercer sector (asociaciones, fundaciones), se destinen al alquiler a precios reducidos para aquellas personas cuyo nivel de ingresos no les permite acceder a una vivienda a precio de mercado.

La Ley también contempla el impulso de la vivienda protegida en alquiler a precio limitado. Se establece un porcentaje mínimo del 50 % para vivienda en alquiler dentro del suelo de reserva para vivienda protegida.

Además, se incrementan los porcentajes de reserva de suelo para vivienda protegida, del 30 al 40 % en el suelo urbanizable, y del 10 al 20 % en suelo urbano no consolidado.

Sector inmobiliario crítica la ley

Los portales inmobiliarios Pisos.com, Idealista y Fotocasa han cuestionado la Ley de Vivienda por contener «políticas coercitivas» frente a los propietarios de vivienda, obviando que el verdadero elefante en la habitación del mercado del alquiler es la falta de oferta».

Por su parte, el Consejo General de los Colegios Oficiales de Agentes de Propiedad Inmobiliaria de España (Coapi) la ha calificado como un «collage de torpezas cortoplacistas».

El presidente del Consejo General y del Coapi de Barcelona, Gerard Duelo Ferrer, calificó la norma de «enlosada y confusa» en su redacción, así como «invasiva, intrusa y desequilibrante».


Asimismo, hizo hincapié en que la ley interviene en los precios del alquiler intentando establecer un control de rentas, lo que afecta a los derechos constitucionales y perjudica «gravemente» a los propietarios.

Con información de: atlantico.net

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