Un grupo de migrantes chinos residentes en Florida (EE. UU.) y una compañía del sector inmobiliario presentaron una demanda contra la ley SB 264 por considerarla «discriminatoria», al ser una normativa que restringe en este estado la compra de bienes inmuebles a extranjeros de siete países en áreas próximas a infraestructuras críticas, tales como aeropuertos, puertos o centrales eléctricas.
La Unión de Libertades Civiles (ACLU) divulgó un comunicado en el que señala que la ley, ya firmada por el gobernador de Florida, el republicano Ron DeSantis, y que entra en vigor el próximo 1 de julio, restringe a la mayoría de los ciudadanos de China, pero también de Cuba, Venezuela, Siria, Irán, Rusia y Corea del Norte, la compra de bienes inmuebles.
Los demandantes están representados por la ACLU, el despacho de abogados DeHeng Law Offices PC y el Fondo de Educación y Defensa Legal Asiático-Estadounidense (AALDEF), en coordinación con la Alianza de Defensa Legal Chino-Estadounidense (CALDA).
Prohibiciones
La ley firmada el pasado 8 de mayo de 2023 prohíbe a la mayoría de los ciudadanos de esos países la compra de propiedades situadas a menos de 10 millas (16 kilómetros) de infraestructuras civiles o militares consideradas críticas.
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Los ciudadanos de estas naciones que tienen ya en propiedad un inmueble o terreno podrán conservarla, independientemente de su ubicación, pero están obligados a registrarlos a partir de enero de 2024.
DeSantis justificó la medida en un intento por reducir la influencia en EE. UU. y Florida de esos países.
La demanda presentada argumenta que la SB 264 ampliará la discriminación respecto a la compra de vivienda contra las personas de ascendencia asiática en violación de la Constitución y la Ley de Vivienda Justa.
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La demanda interpuesta por un grupo de migrantes chinos y la compañía Multi-Choice Realty, que es divulgada junto al comunicado, señala que arrojará además una carga indebida de sospecha sobre cualquiera que busque comprar una propiedad cuyo nombre suene remotamente asiático, ruso o iraní.
El comunicado indica que DeSantis, que se espera que esta semana oficialice su candidatura a las primarias republicanas de 2024, argumentó que esta ley es necesaria para proteger a Florida del Partido Comunista Chino y sus actividades, pero que «equipara injustamente a los chinos con las acciones de su gobierno».
Limitación de derecho
Ashley Gorski, abogada de ACLU, sostuvo que todas las personas que viven en el país norteamericano tienen derecho a la misma protección bajo la normativa legal de EE. UU., incluidos los ciudadanos de otros países.
Recordó que, a principios de la década de 1900, los políticos de todo el país utilizaron justificaciones similares para aprobar «leyes de tierras extranjeras» que prohibían a los inmigrantes chinos y japoneses convertirse en propietarios.
Esas leyes, recordó, fueron anuladas porque violaban las garantías de igualdad de protección de la Constitución.
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«Todos los estadounidenses de origen asiático sentirán el estigma y el efecto escalofriante creado por esta ley de Florida, al igual que las leyes discriminatorias les hicieron a nuestros antepasados hace más de cien años», dijo Clay Zhu, abogado de DeHeng Law Offices PC y uno de los fundadores de CALDA.
En EE. UU. más de una docena de legislaturas estatales han introducido recientemente proyectos similares, pero que Florida fue el primero en convertirlo en ley.
El director legal de la ACLU de Florida, Daniel Tilley, subrayó, por su parte, que los inmigrantes asiáticos son parte del tejido de Florida y que durante cientos de años han contribuido a las comunidades locales.
Algunos expertos han apuntado que la ley podría acabar perjudicando a la industria inmobiliaria de Florida.
