Ruby Asturias, socia de la consultora EY y líder de Infraestructura para Centroamérica, habló con República Inmobiliaria sobre el uso de las Alianzas Público-Privadas (APP) para «pequeños proyectos».
Las APP son una figura de inversión en infraestructura que se pueden desarrollar desde las municipalidades, en pequeños proyectos. No es exclusiva para megaproyectos como los impulsados por la Agencia Nacional de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica (Anadie).
La Ley de APP entró en vigencia hace casi 10 años, ¿cree que Guatemala ha avanzado en las Alianzas Público-Privadas?
– Herramientas como la Ley de APP son claves para contar con la infraestructura jurídica en Guatemala que permita desarrollar proyectos infraestructura a través de esta modalidad. El país ya tiene figuras para desarrollar infraestructura, pero desde 2010 se tiene una ley que permite una modalidad distinta. Esta modalidad ha sido probada a nivel global y países se han desarrollado.
La tendencia es que Centroamérica se quiera convertir en un hub de infraestructura en donde los inversionistas quieran invertir en los proyectos bajo la modalidad de APP. En Guatemala, la Ley de APP da mucha certeza jurídica.
La infraestructura es un talón de Aquiles para Guatemala. ¿De ahí la lógica que el país inicie con este tipo de proyectos bajo las Alianzas Público-Privadas?
– Totalmente. Si bien la Ley nace en 2010, no se implementa de la noche a la mañana. Ahora se cosecha la línea de proyectos que se definió, trabajo y estructuró. Es un trabajo que no se ve y que ha hecho la Anadie.
Hoy día escuchamos que los proyectos ya se lanzan. La Autopista (Escuintla a Puerto Quetzal) es el proyecto que está más avanzado. Estamos en el momento en donde antes de que se apruebe el contrato, debe ser autorizado por el Congreso, como lo establece la Ley de APP.
¿Qué experiencias de otros países pueden considerarse hacer en Guatemala?
– Me enfocaré en Latinoamérica porque son países que coyunturalmente son muy parecidos. Un ejemplo claro de desarrollo por medio de APP es Perú. Este es un país que ya tiene una maduración en su Ley de APP e inició de una manera similar a la de Guatemala.
La legislación peruana tenía candados y debía pasar por rigurosas autoridades para la aprobación de los proyectos. Actualmente tiene una legislación madura en donde la figura de APP generó confianza en el entorno peruano. Guatemala está en ese camino.
Tiene su ley, su pipeline de proyectos y avanza para lograr la aprobación del proyecto de la Autopista. Será cuestión madurez del concepto y confiabilidad para probar que, estos proyectos sí funcionan y se desaten los candados.
Hoy, el candado más importante es la autorización del contrato APP por parte del Congreso. Este candado, de acuerdo a la experiencia global, debería desaparecer para que haya un pipeline de ejecución ágil y eficiente de proyectos.
Pero para llegar a eso, se necesita inyectar la confiabilidad a la figura de Alianzas Público-Privadas. Y que más confiabilidad que ya con el primer proyecto, se ejecute el contrato de la Autopista Escuintla-Puerto Quetzal.
De la cartera de proyectos que maneja la Anadie, ¿cuál considera tendrá un impacto notable para la población guatemalteca?
– No necesariamente a través de las Alianzas Público-Privadas se pueden tener proyectos de impacto y responsabilidad social. Sin embargo, con las municipalidades se pueden impulsar proyectos de infraestructura quick wins (triunfos rápidos). Estos son proyectos rápidos en donde se logra impactar social y económicamente a una comunidad.
Hablo de proyectos pequeños proyectos, no necesariamente grandes. En Perú, las municipalidades hicieron proyectos con apoyo de desarrolladores inmobiliarios. Transformaron un espacio que pasó de ser un basurero a un desarrollo habitacional. Este tipo de proyectos son interesantes de explorar en pequeñas alianzas público privadas.
Este es un ejemplo de éxitos rápidos que pueden generar impacto social y que no requiere de la la estructuración de una APP, bajo la sombrilla de la Ley de Alianzas Público-Privadas y la Anadie.
Visualizo la Ley de APP, como está hasta hoy, para proyectos gran envergadura o megraproyectos que necesitan de consensos a nivel social, político y a nivel nacional, pero también para proyectos pequeños de gran impacto social. El reto será capacitar a los alcaldes y a los equipos municipalidades para lograr verdaderos proyectos de APP a nivel local.
¿Qué significaría para Guatemala que se concrete el primer proyecto de APP?
– Será fundamental. Eso va a generar confiabilidad del proceso que está en la Ley de APP. Es una punta de lanza. Una vez se logre, va a desencadenar los proyectos que vienen en fila. Ese logro en particular, es fundamental para lograr avances que deberíamos tener en los próximos años.
¿Cree que el impulso de las APP en Guatemala, es algo que llegó para quedarse o hay más alternativas?
– Siempre hay nuevas figuras que surgen. Ahora se tiene un marco legal para hacer Alianzas Público-Privadas. En el futuro cercano no veo que exista otra modalidad inmediata que vaya a implementarse.
Más bien, visualizo que como país Guatemala debe exponenciar la herramienta que nos brinda la Ley de APP. Veo con mucha claridad que es la próxima figura que debería desarrollar la infraestructura que vamos a necesitar para los próximos 100 años.
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Foto de cabecera por Mihail Mihaylov
