Entre la Villa 31 y la Casa Rosada hay 15 minutos en automóvil. Son 4.5 kilómetros que separan el centro del poder político de Argentina de un barrio de Buenos Aires con un amasijo de viviendas en donde la pobreza y la falta de servicios básicos imponen su ley desde hace ocho décadas.
Hacinamiento en las casas o las dificultades para acceder a agua, luz o gas son algunos de los problemas cotidianos que se vieron agravados por el Covid-19 entre quienes viven en «la madre de las villas», como la define Erika Cofré, integrante de la Mesa de Urbanización Participativa del Barrio Carlos Mugica, ex Villa 31.
De la erradicación a la radicación
Las villas empezaron a aparecer en Buenos Aires en los años 40 y pronto se convirtieron en un problema urbanístico que los gobiernos del país intentaron resolver mediante el desalojo y la erradicación.
Se construyeron barrios para las personas desalojadas. La investigadora Valeria Snitcofsky cuenta que estos también eran precarios y acabaron en nuevas villas, lo que agravó el problema que se quería solucionar.
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Fotografía fechada el 8 de mayo de 2020 que muestra una vista de la Villa 31, en Buenos Aires. EFE/Juan Ignacio Roncoroni/ArchivoSnitfcofsky explica que en los años 60 se crearon «centros transitorios» para los habitantes de las villas donde les «enseñaban a vivir en la ciudad». Las autoridades consideraban que sus duras condiciones de vida estaban causadas por motivos individuales de «orden moral o psicológico».
El periodo de mayor violencia se dio entre 1976-1983, cuando la última dictadura militar expulsó a casi 200 mil personas de los barrios populares de Buenos Aires, muchos sin recibir ninguna otra vivienda como alternativa, y estuvo a punto de acabar con la Villa 31.
Sin embargo, con la llegada de la democracia y al cambio en el paradigma internacional empezaron a prevalecer políticas de radicación. Estas políticas buscaban igualar las condiciones de las villas a las del resto de la ciudad, y la Villa 31 empezó a crecer.
La 31, una villa diferente
No obstante, el codirector de la Asociación Civil Por la Igualdad y La justicia (ACIJ), Pablo Vitale, señala que la Villa 31 (Barrio Padre Carlos Mugica, nombre formal) siempre se trató diferente.
Vitale explica que, pese a que en el momento de su creación, el lugar que ocupaba el barrio no eran muy cotizados, el crecimiento de la ciudad, su cercanía con el distrito financiero y las conexiones de transporte hicieron crecer el valor de la zona, lo que hizo «apetecible» los terrenos de la villa para el mercado inmobiliario.
Por ello, el fantasma de la erradicación no desapareció parcialmente hasta la aprobación de una ley de urbanización en 2009, una medida precedida de numerosos episodios de tensión entre las distintas autoridades de la ciudad de todo signo político y los habitantes del barrio.
Los vecinos de la villa son conscientes del valor de la tierra y, por ello, parte del barrio recela de que la urbanización de «la 31», suponga un desalojo realizado a través del mercado, subraya Vitale.
En «la 31» los servicios básicos siguen sin estar garantizados para los vecinos. EFE/Juan Ignacio Roncoroni/ArchivoEl plan de urbanización actual contempla dar títulos de propiedad a los vecinos y mejorar las condiciones de las viviendas, pero deben pagar una hipoteca adaptada a sus ingresos como contraprestación.
Vitale subraya que esto llevará a que, en contextos de crisis económica, se cree una situación en la que los incentivos para vender e irse cuando se formalicen los títulos de propiedad sean elevados. Los vecinos no buscarían quedarse en la villa.
Cofré asegura que si un vecino no paga tres de las cuotas hipotecarias, el Gobierno puede desalojarlo. En tiempos de la pandemia, la activista considera probable esta demora en muchas familias que viven de la economía informal.
Una grieta en el barrio
Esta es una de las muchas disputas entre parte de los vecinos y el Gobierno de la capital argentina. Cofré critica que existía una ley con consenso vecinal para urbanizar la villa. Esta ley se cambió por otra en la que no fueron tomados en cuenta, posición que entiende el codirector de ACIJ.
«Es un barrio construido por los vecinos que tuvo que resolver todo lo que el Estado no hizo durante décadas», argumenta Vitale, que también indica que hay parte del vecindario que confía en el plan gubernamental.
Argentina recibió en los últimos años créditos millonarios de entidades internacionales para mejorar las condiciones de las villas. Pero en «la 31» los servicios básicos siguen sin estar garantizados. Vitale critica la falta de un plan general sobre cómo urbanizar el barrio.
«Recursos económicos parece haber (…), voluntad política por lo menos en sentido formal está planteada. La creación de una secretaría, de una estructura enorme para urbanizar y demás está. El criterio para desarrollar las acciones prioritarias para la urbanización del barrio es lo que nos preguntamos si existe«, sentencia.
En los últimos años, se han pavimentado las calles, pintado fachadas e instalado organismos como el Ministerio de Educación de la ciudad en la Villa. Sin embargo, Cofré considera que estos avances no son sustanciales.
«Tenían que garantizarnos no las fachadas, sino un hábitat en condiciones humanas para mejorar nuestra calidad de vida«, añade la activista.
Aparte de la falta de interlocución, también critica que los operarios gubernamentales descuidan las demoliciones. Además, las casas construidas son de mala calidad y se deterioran con facilidad.
Ochenta años después, los problemas de los primeros habitantes de la villa y los de ahora siguen siendo similares. Falta por ver si el impacto del Covid-19 acelera la urbanización del barrio. El fin sería que cualquier persona que abra un grifo en «la 31» vea salir agua potable. Tal como pasa en los hoteles de lujo de Buenos Aires que ve desde su ventana.
Con información de: José Manuel Rodríguez, EFE
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