El desarrollo del proyecto de viviendas sociales en Honduras no solo ha significado esperanza para cientos de familias que reciben una vivienda digna para vivir, sino también para los miles de empleos directos e indirectos que se han generado y generarán.
El Programa de Vivienda y Obras Sociales Donadas y Financiadas generará más de 15.000 empleos directos y 72.500 puestos de trabajo indirectos, según las autoridades hondureñas.
Un segundo efecto es lograr que las empresas constructoras trasladen un derrame económico a los trabajadores del sector de la construcción.
Son seis proyectos habitacionales en los cuales se construyen 2.411 viviendas para familias damnificadas de las tormentas ETA y IOTA, familias en riesgo y vulnerabilidad social y personas que por sus condiciones socioeconómicas no pueden acceder a una vivienda.
Los proyectos están ubicados dos en Olanchito, Yoro; uno en Choloma; uno en Choluteca; en El Progreso y otro en Villanueva.
Se estima que estos proyectos iniciaron obras hace cinco meses, otros a finales de 2021 y las primeras casas serán entregadas a mediados de 2022.
En el desarrollo de estos proyectos las compañías ejecutoras han generado empleo para profesionales en ingeniería, arquitectura, además a maestros de obra, albañiles, fontaneros, ayudantes y proveedores de la cadena de suministros de construcción, entre otros, que dinamizan la economía de las zonas intervenidas.
Datos sobre las viviendas sociales
Las viviendas sociales de pared de bloque de concreto, cuyo valor unitario es de 447.000 lempiras (unos Q139.742), incluyen el terreno, construcción, servicios públicos y escritura pública.
Serán donadas sin costo alguno a familias luego de un análisis socioeconómico de parte del Gobierno de Honduras. Actualmente, la Fundación Integral para el Desarrollo de Honduras (FIPADEH) trabaja en garantizar la transparencia en este proceso de selección.
Estas unidades habitacionales constan de dos habitaciones, sala, comedor, cocina y servicios sanitarios. Las casas se diseñaron de acuerdo con estándares nacionales, de acuerdo con las condiciones del suelo de cada zona y con materiales de calidad para garantizar la seguridad de los beneficiarios.
